Historia y Patrimonio en migajas (VIII)

CUANDO EL MONTE ARDE. LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE ARCHIDONA DE 1598:REGULACIÓN Y USOS DEL FUEGO

                                                                                                        Nicolás Mejías Reina

1.- Introducción

Un incendio afecta al paraje La Hoz de Marín en Archidona. SUR (9/9/2016).

Durante la larga temporada estival —especialmente en años en los que el aumento de las reservas pluviales puede hacer pensar que el riesgo es menor— suele considerarse que las medidas cautelares y el régimen sancionador contra los incendios forestales son regulaciones modernas. Sin embargo, diversos estudios históricos demuestran que nuestros antepasados ya aplicaban normativas notablemente más restrictivas y severas que las actuales con el fin de preservar los bosques y recursos naturales, contemplando incluso castigos corporales como los latigazos.

En aquella época, los medios de extinción de incendios eran extremadamente rudimentarios. A diferencia del contexto actual, en el que un cuerpo de bomberos especializado puede sofocar un fuego en cuestión de horas, en el pasado se requería el esfuerzo masivo de toda la población, la cual podía tardar varios días en controlar las llamas. Por este motivo, la extinción del fuego constituía un deber comunitario obligatorio para todos los vecinos de los pueblos andaluces, algo que se notificaba en caso de emergencia mediante pregones o repiques de campana. Para ofrecer una respuesta rápida y evitar catástrofes, los concejos municipales andaluces regulaban minuciosamente el uso del fuego a través de las ordenanzas locales, llegando a prohibir su práctica durante los meses de verano (Carmona Ruiz, 2020).

2.- Normativa

Ordenanzas de Archidona, 1598. Archivo Histórico Municipal de Archidona.

Las ordenanzas municipales de Archidona fijaban pautas precisas sobre el uso del fuego, regulando tanto las épocas del año como los lugares en los que estaba permitido encenderlo (Espejo Lara y Morales Gordillo, 1998).

Debido a  las altas temperaturas y a la sequedad estival del terreno —factores que facilitaban la rápida propagación de los incendios—, la primera ordenanza prohibía terminantemente encender fuego durante los meses de verano:

ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osado de hazer fuego en el campo y termino desta villa en los meses de Junio [desde Sant Juan], Julio, Agosto hasta ocho dias del mes de Setiembre.

No obstante, el Cabildo municipal se reservaba la potestad de prorrogar la prohibición hasta un plazo máximo de ocho días adicionales, previo acuerdo aprobado en pleno y anunciado públicamente mediante un pregón.

Una vez superada esta fecha festiva, se permitía la quema de rastrojos y montes necesaria para poder llevar a cabo la sementera y el resto de labores agrícolas. Esta normativa local coincidía con la establecida en las ordenanzas de otros municipios andaluces que también prohibían el fuego la realización de cualquier tipo de fuego en periodos que, aunque variaban de un lugar a otro, solían oscilar entre principios de mayo y finales de septiembre. En algunos casos, como en Carmona, esta limitación podía extenderse a todo el año si se consideraba que la abundancia excesiva de hierba en el monte podía incrementar el riesgo permanente de incendio (Carmona Ruiz, 2020).

Las quemas agrícolas (rastrojos, barbechos o rozas) y la elaboración artesanal de carbón, cal o ceniza eran actividades indispensables para la economía rural, pero su práctica entrañaba un grave peligro. Por ello, el Concejo exigía autorizaciones previas, el establecimiento de franjas cortafuegos o la supervisión por grupos de personas (Carmona Ruiz, 2020).

Ahora bien, cuando existía la necesidad de hacer fuego en determinadas circunstancias, su realización siempre estaba sujeta a áreas y condiciones específicas, tanto en periodos permitidos como de veda, tales como los siguientes espacios:

·         Casas y cortijos. Estaba permitido hacer fuego si las edificaciones eran de obra (es decir, fabricada con ladrillo o piedra) y no de madera ni paja. Sin embargo, si la vivienda o habitáculo estaba construido con paja, la ordenanza obligaba a construir como protección un hogaril (elemento que protege el terreno de chispas y cenizas) acompañado de un contrahumo sobre este.

Cada uno en su casa y cortijo pueda hazer fuego y lumbre y si la casa fuere pajiza tenga su hogaril hondo en la tierra para que no pueda salir el fuego fuera y encima tenga su contrahumo de forma que las çentellas y llama no puedan hazer daño.

Si se cumplían estos requisitos de seguridad, no era necesario solicitar una licencia previa. En algunos lugares, como en Jaén, se utilizaban, previa licencia municipal, líneas de fuego o cortafuegos (Carmona Ruiz, 2020).

 

·         Terrenos de cultivo y barbechos. Para guisar en el campo, la norma establecía que debía hacerse exclusivamente en terrenos en barbecho, guardando una distancia mínima de cincuenta pasos respecto a las siembras y excavando un hoyo de media vara de profundidad, además de requerir la obtención de la correspondiente licencia.

 

Que para guisar de comer a los trabajadores se pueda hazer lumbre en el campo en un barbecho apartado de sembrados cinquenta pasos por lo menos /182/ y para ello hagan un hoyo de media vara en hondo y acabado de hazer lo que es neçesario apaguen el fuego.

 

·         Lavaderos, viñas y huertas. En lavaderos, viñas y por parte de los hortelanos, en las huertas, se permitía hacer lumbre sin necesidad de licencia ni pena alguna. Sin embargo, se especificaba que si la actividad se realizaba «entre dos aguas», sí se debía contar de forma obligatoria con la correspondiente licencia.

3.- Penas y castigos

El incumplimiento de las ordenanzas conllevaba sanciones que variaba según la gravedad de la falta cometida, combinando castigos físicos y severas penas pecuniarias:

Cualquier persona que provocase un fuego durante el periodo de prohibición estival, o que intentara elaborar ceniza o carbón sin permiso, era sancionada con una multa de 600 maravedíes. Esta misma pena pecuniaria se aplicaba a quien incumpliera las condiciones para guisar en el campo (no respetar las distancias, no excavar el hoyo o carecer de licencia) o a quien sufriera un incendio en una vivienda de paja por no haber construido el hogaril y contra humo reglamentarios.

Por ejemplo, en el concejo de Sevilla el incumplimiento de la prohibición de incendios, estaba bajo una pena de cincuenta latigazos (Carmona Ruiz, 2020). Esto sirve como muestra de las penas impuestas en algunas localidades andaluzas, entre las cuales Archidona llegó a ser de los municipios con castigos más leves; por el contrario, en el Fuero de Juzgo y, posteriormente, en el Fuero Real, se recogía la pena de muerte, en función de los hechos acecidos. (Carmona Ruiz, 2020).

Los pastores eran habitualmente sospechosos de provocar incendios para eliminar el matorral y favorecer el brote de nuevos pastos. Para contrarrestar esta práctica, los concejos prohibían estrictamente la entrada de ganado a pastar en un monte quemado durante un periodo de regeneración de entre cinco y ocho años (Carmona Ruiz, 2020). En el caso de Archidona, si se introducía ganado en un monte quemado antes de transcurrir dos años.

porque algunas [personas] con cudiçia desordenada de gozar la yerva de los montes y comer con sus ganados los retoños del monte suelen poner fuego en ellos, ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osado dentro de dos años desde que el fuego fue puesto en el monte y quemado a meter en el dicho monte quemado sus ganados porque en el dicho tiempo de los dos años pueda el monte bolver a echar

Las penas fijadas eran de tres maravedíes por cada cabeza de ganado menor (hasta las primeras cien cabezas), y de 1 000 maravedíes por cada ocasión si el rebaño superaba esa cifra. Si se trataba de ganado mayor, la multa era de medio real por cabeza (17 maravedíes). La recaudación total de estas penas se repartía equitativamente: la mitad para el Señorío y la otra mitad para el Concejo de la villa.

Asimismo, a fin de evitar que provocaran incendios, las ordenanzas prohibían a los pastores portar los útiles precisos para hacer fuego, como yesca, pedernal y eslabones, durante las épocas de veda.

que ninguna persona, asi ganaderos como otros qualesquier que sean que truxere en el campo yesca, eslabon y pedernal

Dado que combatir el fuego era una responsabilidad colectiva, todo habitante de Archidona o de su término municipal estaba obligado a acudir inmediatamente al lugar del siniestro tras el aviso por pregón o por el repique de campana.

que si algunos fuegos se ençendieren en esta villa o su termino que sea neçesario apagarlo porque no venga daño, que todos acudan luego que oygan pregon o campana

Aquel vecino que no acudiese a socorrer la emergencia era castigado con una multa de 200 maravedíes, la cual se destina íntegramente a financiar obras eclesiásticas.

3.- Conclusión

Durante los últimos tres meses, la oleada de incendios ha encendido todas las alarmas en el territorio nacional. Ante esta situación, vale la pena echar la vista atrás y comprobar que la estricta que tenemos hoy en día no es un invento moderno, sino una herencia de nuestros antepasados, quienes llegaron a imponer a imponer medidas muchísimo más severas.

Como se explica en este artículo, normas históricas como las ordenanzas ya se preocupaban  de regular el uso del fuego y de castigar, pecuniariamente y físicamente, la transgresión de la ley. Nuestros antepasados conocían su entorno y sabían que su día a día dependía de él; por eso, trataban de proteger la naturaleza como la mayor joya de sus posesiones.

 

Referencias bibliográficas.

Carmona Ruiz, M.ª A. (2020): “La lucha contra los incendios forestales en Andalucía en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad (siglos XV-XVI) a través de la normativa local”, Agricoltura, lavoro, società. Studi sul medioevo per Alfio Cortonesi, pp. 91–104. Clueb.)

Espejo Lara, J. L. y Morales Gordillo, E. (1998): Ordenanzas de Archidona (1598). Estudio, transcripción y comentarios, Servicio de Publicaciones Universidad de Málaga, Colección Studia Malacitana, 9.

Luchía, Corina (2025): “Cuando el bosque arde: regulación y usos del fuego en las normativas forestales de la Corona de Castilla (siglos XV-XVI)”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, vol. 15, n.º 50, pp. 1-19.

Exposición

 

AGOSTO EN EL ARCHIVO: LA HUELLA ESCRITA DE UNA DEVOCIÓN.

(Del 7 de agosto al 11 de septiembre)

 

A instancias de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, y en colaboración con la Cofradía de Esclavos y Labradores de Ntra. Sra. la Virgen de Gracia, la Revista Rayya y el Archivo Histórico Municipal de la ciudad, se ha realizado una exposición que pretende reflejar el ciclo festivo y religioso que se abre en estas fechas. La muestra coincide con el inicio de la Real Feria de Agosto, dedicada a la patrona de Archidona, y concluirá con la bajada de la Virgen al pueblo y su posterior subida al santuario. Con esta iniciativa, se cumple, además, una de las funciones esenciales de todo archivo: la difusión de sus fondos (junto su organización y conservación), acercando a la ciudadanía la memoria documental de una devoción secular.

 

Durante un mes del largo estío festivo podrá visitarse en la sala de investigadores del Archivo Histórico Municipal de Archidona (calle Pilarejo, s/n) y en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas, la muestra, de carácter principalmente documental, que lleva por título:

 “Agosto en el Archivo: La huella escrita de una devoción”.

Cartel de la exposición realizado por Belén Burruecos Suárez,sobre un grabado que se conserva en el Archivo Díaz de Escobar (Fundación Unicaja).

La exposición se ha organizado en varias vitrinas siguiendo un criterio lógico y cronológico.

En la primera parte de la exposición se exhiben cuatro documentos relacionados con la feria y sus antecedentes.

El primero de ellos, fechado en 1791, hace alusión a los días festivos que celebraba Archidona durante la octava de la Asunción de la Virgen (entre los días 15 y 22 de agosto); describe cómo en el Cantillo Ancho (actuales Cuatro Cantillos) y en parte de la calle Carrera se instalaban puestos de buñuelos y quincallería y atracciones populares. Estas actividades generaba problemas e inconvenientes a los vecinos, por lo que terminaron trasladándose a la recién concluida Plaza Nueva (Plaza Ochavada). Lo verdaderamente relevante del texto es el siguiente fragmento en el que se dice:

 

[…] que a motivo de la celebridad del Misterio de Asumpcion de la Virgen Santisima de Gracia en los días quince y veinte y dos de este mes durante su octaba en esta villa ademas de naturales y vecinos vienen otros forasteros y ponen tienda de vivanderos, quincallería, mercería, platería y otras especies en el sitio del Cantillo ancho Calle Carrera […]

 

La feria propiamente dicha no fue concedida a Archidona hasta algunos años después, ya en el siglo XIX y bajo el reinado de Fernando VII, concretamente la data del documento es del día 5 de agosto de 1816. Así, tras la Guerra de la Independencia, se creyó necesario “el establecimiento de una feria de ganado y de todo tipo de mercaderías” para fomentar el comercio en esa época. Se solicitó el permiso regio, que fue concedido en la fecha citada, usando los formulismos habituales: “deseando el fomento y prosperidad de los vecinos de la villa de Archidona”, otorgando así “la correspondiente licencia y facultad para la celebración de la Feria que solicita en los días catorce, quince y diez y seis de agosto de cada año”, coincidiendo con días festivos por la Asunción de la Virgen.

 

En este sentido, se exponen tres documentos:

 

El primero, contenido en la signatura 391, pieza 2, de 1816, es la Autorización y Real Orden de Fernando VII para el establecimiento de una feria de ganado en agosto. Se ha expuesto abierto por su parte final para que el público pueda ver el sello de placa con las armas reales.

 

El segundo, también de 1816, es la copia de la Real Orden de Fernando VII, contenida en las Actas Capitulares de ese año. Se encuentra en la signatura 46, que corresponde al Libro Capitular que comprende el periodo 1815-1819.

 

El tercer documento son los “Autos para los bandos de la feria en 1819”, contenidos en la signatura 345, pieza 10, del Archivo Histórico Municipal.

 

Cierra el primer bloque de la exposición la reproducción de una estampa de la Virgen de Gracia, de entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, que se conserva entre los fondos del Archivo Díaz de Escobar (dependiente de la Fundación Unicaja). En dicha estampa, el cardenal arzobispo de Toledo Diego de Astorga y Céspedes (1665-1734), concede 100 días de indulgencias a todas aquellas personas que rezaren una salve ante esa imagen.

 

La segunda parte de la exposición está dedicada plenamente a la Virgen de Gracia: a su huella documental en la documentación del archivo, a las publicaciones relacionadas con ella, a su devoción y a representaciones artísticas de su imagen que podemos encontrar en varios objetos de la ciudad.

El primer documento expuesto en este apartado data de 1646. Hace alusión al pleito ante el provisor de Málaga entre las dos cofradías de la Virgen de Gracia: la de Oficiales y la de Labradores. Este documento fue dado a conocer hace unos años por el historiador Narciso Morales Luque, quien lo estudió y publicó en el número 12 de la Revista Rayya; por ello, un ejemplar de dicha edición se encuentra expuesto junto al documento original. También se presenta el primer número de la revista, monográfico dedicado íntegramente a la Virgen de Gracia, en el que ejercía como director y  cofundador de la misma, el citado Narciso Morales Luque.

 

El segundo documento expuesto apenas es conocido, aunque ha sido mencionado brevemente en varias ocasiones por Manuel Garrido Pérez. No está fechado, pero sabemos que es de la segunda mitad del siglo XVIII, pues en él aparecen D. José de Checa Pacheco Miranda, como hermano mayor de la Cofradía de Esclavos, y D. Juan María de Cárdenas, como hermano mayor de la Cofradía de Labradores. El texto narra un pequeño conflicto entre ambas hermandades por el uso de un terno de color blanco donado para el uso en las funciones de la Virgen, y que la Hermandad de Esclavos pretendía usar, como organizadora que era, de la celebración de la Octava.

 

Los documentos tercero y cuarto están relacionados y tratan de un mismo tema: la elección y proclamación de la Virgen de Gracia como patrona en 1804, y el expediente municipal generado por el 150 aniversario de dicho acontecimiento. El primer documento se localiza en la signatura 42 del archivo, dentro de Libro de Actas Capitulares que comprende los periodos 1804-1806 y 1810; por su parte, el segundo se encuentra en la signatura 505, pieza 2.

 

En este contexto hay que explicar que, aunque existen referencias a la Virgen de Gracia desde el siglo XVI -en muchas de las cuales se hace alusión a “milagrosa imagen”-, no es hasta bien entrado el siglo XVII y, principalmente, durante el XVIII cuando empieza a ser calificada como patrona. De hecho, ya en la segunda mitad de esta última centuria ya aparece junto a la Virgen del Rosario en las invocaciones testamentarias, si bien en los siglos anteriores ya se encargaban misas a su advocación.  A lo largo de todo el siglo XVIII, como veremos un poco más adelante, los vecinos  recurrirán a ella para pedir el auxilio y la mediación divina. Así, a inicios del siglo XIX (1804), se acordó oficializar su nombramiento mediante la conocida votación de los garbanzos y las habichuelas.

 

Cierra esta sección una publicación de Narciso Morales Luque titulada: “Archidona: fortaleza, santuario y Cofradía de la Virgen de Gracia”.

 

A continuación, se presenta un tercer apartado documental dedicado a la devoción a la Virgen, a su auxilio y a su intermediación divina.

El primer documento expuesto en este bloque se encuentra en la signatura 32, Actas Capitulares, que comprende los años de 1740-1748, y en él se muestra por qué se instituyó el “Día de la Oruga”. Así, en el cabildo del día 24 de mayo de 1743, se acuerda hacer una procesión con la Virgen de Gracia, desde el santuario hasta la parroquia de Santa Ana, para pedir el auxilio divino, mediante rogativas, ante la plaga de oruga que asolaba los montes y campos.

 

El siguiente documento pertenece a la signatura 33, también de Actas Capitulares, que abarca los 1747-1754. De aquí se ha expuesto un documento de 1750, en el que se puede leer la autorización que da el obispo de Málaga para bajar a la Virgen de Gracia al pueblo, con el fin de hacerle unas rogativas “propluvia” y conseguir la lluvia mediante su auxilio divino.

 

El tercer documento, está contenido en la signatura 38, Actas Capitulares de 1779-1789. En el cabildo del día 4 de agosto, se recoge y da noticia de un rescripto apostólico de Pío VI, traído desde Roma por el rector de las Escuelas Pías de Archidona, el M. R. P. Lorenzo Navarro de San Juan Bautista, quien había asistido a la elección del general de su orden. En dicho rescripto se concedían 7 años de indulgencias plenarias a todos los fieles que visitasen tanto la ermita de San Roque –del cual trajo además una reliquia- como el santuario de la Virgen de Gracia.

 

Por otra parte, el último documento expuesto también consiste en unas rogativas, pero un tanto peculiares. Se encuentran en la signatura 40, Actas Capitulares de 1793-1799, concretamente en el acuerdo del cabildo del día 18 de agosto de 1794, en el que el Concejo de Archidona dispone hacer unas rogativas a la Virgen de Gracia para conseguir su auxilio divino y que ayudase y favoreciera a las armas españolas y católicas en la guerra contra Francia.

 

La parte final de la exposición da continuidad a la anterior y muestra la presencia de la Virgen de Gracia en la vida cotidiana de Archidona.

Abre este espacio un excepcional exvoto dedicado a la Virgen de Gracia, que ha sido cedido en depósito por la Cofradía de Esclavos y Labradores, para que pueda ser contemplado como muestra de la riqueza devocional del pueblo de Archidona a su patrona. En esta pintura, que data de 1780, D.ª Vicenta de la Fuente muestra su agradecimiento a la Virgen por su milagrosa intercesión tras sufrir una caída en la montaña del santuario, escena que aparece representada en la obra.

 

Complementa el exvoto la publicación de Jacinto Muñoz Nuevo, titulada: “La Virgen de Gracia de Archidona: iconografía, devoción y patrimonio”, un interesante trabajo en el que se estudian en detalle muchos de los exvotos ofrendados a la Virgen de Gracia a lo largo de los siglos.

 

La Cofradía de la Virgen también ha colaborado con dos pequeños documentos: el primero, es un cuadernillo conmemorativo del “V Centenario. 1462-1962” que detalla los cultos celebrados en honor a la patrona, el segundo, un librito que se entregaba a los hermanos horquilleros al ingresar en el cuerpo, y que además contiene el “Reglamento de hermanos horquilleros de la cofradía”.

 

Continuamos con otro documento del siglo XVIII -en este caso un borrador o papel de desecho- que presenta un ensayo caligráfico de un miembro de la familia de escribanos Salcedo y, a la vez, una invocación religiosa y encomendación a la Virgen que, repetida varias veces a lo largo de la hoja, dice así:

 

“María Santísima de Gracia me socorra”.

 

La vitrina se completa con dos revistas de “Los Campanilleros” del año 2021, que incluyen fotografías de la “Urna para postulación domiciliaria del año 1868”, junto a otras imágenes relacionadas. Finalmente, se exhibe una fotografía de la corona de procesión de María Santísima del Amparo, la cual lleva engarzada en su parte superior una miniatura de la Virgen de Gracia.

 

Fuera de las vitrinas se exponen cuatro pósteres o afiches:

 

-          Una composición de cuatro fotografías antiguas del fondo del Archivo Histórico Municipal; tres de ellas muestran distintas perspectivas del santuario, mientras que la cuarta descubre el interior de la ermita.

-          El título de agradecimiento, de 1946, concedido por la cofradía de la Virgen de Gracia de Málaga a D.ª Ángeles Roldán Sánchez-Lafuente de Miranda, en reconocimiento a su ayuda y devoción a la Virgen. Procede de la casa Miranda Roldán, donada al Ilustre Ayuntamiento de Archidona.

-          La espectacular vista nocturna de Santuario de Nuestra Señora de Gracia, que anuncia la Romería 2026, obra de José Juan Morales Jiménez

-          Cartel anunciador de la Real Feria de Agosto de Archidona 2026, realizado por Ricardo Arjona Cano.

 

Sin lugar a dudas, los archidoneses guiados por su profunda devoción hacia su Patrona y por el apego a su excepcional patrimonio, sabrán hacer un pequeño receso en la fiesta y se acercarán con interés a esta exposición única.

Manuel Garrido Pérez.

Juan Luis Espejo Lara.

Difusión

Ya se encuentran alojados en Dialnet, la mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet, los pdf de los artículos del n.º 18, 19 y 20 de Rayya. 

Difusión

La revista Rayya viaja a Cuba y Puerto Rico

El poeta cubano Luis Paz “Papillo”, y los puertorriqueños Roberto Silva, Omar Santiago y Cristian Nieves, participantes en el 25 Festival Internacional de Cante de Poetas, Gerardo Páez “El Carpintero”, celebrado en Villanueva de Tapia, llevan consigo un ejemplar de la revista RAYYA a Cuba y Puerto Rico.

    Estos poetas, amigos de Jesús Martínez Labrador, difunden su legado a través del artículo de Paula Castro Carralero publicado en el n.º 21 (2025) de Rayya.

    Jesús Martínez Labrador, recibió un homenaje en el 25 Aniversario del Festival Internacional de Cante de Poetas por su colaboración desde los inicios de este encuentro. Jesús Martínez Labrador, apasionado defensor de la poesía oral improvisada, su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de los trovadores y en el Festival de Villanueva de Tapia, “del Entredicho.”

           Los poetas puertorriqueños Omar Santiago y Christian Nieves con Paula Castro,

Clara Martínez y Paco Jiménez.

            El poeta cubano Luis Paz con Paula, Clara y Paco Jiménez.

            

                Roberto Silva, poeta de Puerto Rico, sentado entre Paula y Paco Jiménez.

Archivo: Difusión

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ARCHIVOS MUNICIPALES. EL EJEMPLO DE ARCHIDONA, VILLA DEL DUCADO DE OSUNA.

 

Juan Luis Espejo Lara

 

Introducción

Apenas transcurridos dos años de la conquista de Archidona (30 de julio de 1464), el rey Enrique IV dona la villa al hijo del conquistador, Alfonso Téllez Girón, primer conde de Ureña.

Esta donación incluía, aparte de la propiedad territorial: e tierras e dominios y distritos y territorios…, con todos los prados e pastos e aguas corrientes e estancias e manantes con todas sus entradas e salidas e pertenencias quantas han e haver deven e les pertenesce de derecho…, otras competencias como el cobro de impuestos: e con todas las rentas e pechos e derechos… infeudaciones e escrivanias e portazgos e con todas las otras cosas anexas, la organización y gobierno de la villa y su término y, por último, la administración de justicia y jurisdicción: y las justicias e la jurisdiccion civil e criminal e alto e bajo e mero e mixto imperio; es decir, la facultad jurisdiccional alta, que otorgaba al señor la potestad de juzgar delitos graves y aplicar la pena capital (Mero Imperio) y la jurisdicción civil y criminal menor: pequeños hurtos, injurias o penas de ordenanzas…(Mixto Imperio). Convirtiéndose Archidona en un señorío territorial y jurisdiccional bajo la Casa de Osuna.

En las villas de señorío, como Archidona, la potestad jurisdiccional era delegada por el rey en el señor que, gracias a esta regalía, gozaba del derecho del ejercicio de la justicia en primera instancia y del nombramiento de los jueces y oficiales locales, aunque esta prerrogativa quedaba supeditada a la legislación real. Paulatinamente, las  limitaciones impuestas a la jurisdicción señorial hacen que esta se vaya reduciendo al conocimiento de las causas en primera instancia, en asuntos civiles y delitos leves, percibiendo por ello las multas (penas de cámara), no pudiendo imponer los tribunales señoriales penas corporales sin autorización de la sala del crimen de las audiencias o chancillerías, ni el señor conceder indultos, salvo condonación de multas.

Los oficiales de justicia

El señor de la villa no solía juzgar en persona; en su lugar, utilizaba su prerrogativa de provisión de oficios y designaba de forma directa o mediante propuestas del Concejo (ayuntamiento) a los encargados de aplicar la ley.

En Archidona, la máxima autoridad judicial local era el alcalde mayor o justicia  mayor y, posteriormente, el corregidor. Normalmente poseían formación en derecho (letrado). Como máximo representante del señor y actuando como su delegado desempeñaba las competencias consignadas en el título constitutivo de señorío, es decir la jurisdicción alta y baja, mero mixto imperio, civil y criminal, excepto la soberanía real. Su actuación abarcaba, por tanto, diversos asuntos, entre ellos: el ejercicio de la justicia, especialmente, las causas de mayor cuantía o gravedad; el mantenimiento del orden público y la supervisión del cumplimiento de los mandatos señoriales. Por ello, vigila el cumplimiento de la justicia, dicta autos para el gobierno de la villa, promulga órdenes para la ejecución de la justicia y conoce las causas en grado de apelación.

Los alcaldes ordinarios eran los oficiales del Concejo encargados de juzgar la primera instancia en los pleitos menores de carácter civil y criminal cotidianos, según las figuras delictivas consignadas por las leyes castellanas y las ordenanzas locales. Su actuación era supervisada por el Alcalde Mayor o Justicia mayor.

El alguacil mayor, era un cargo designado por el señor, pero con la aprobación del Concejo. Sus funciones  principales eran el mantenimiento del orden público dentro de la villa y su término y la ejecución de los mandamientos judiciales (detenciones, embargo…). En ocasiones, era ayudado por un alguacil  menor. 

El escribano, además de fedatario público, asistía al proceso y redactaba las actas correspondientes, dejando constancia escrita de todo lo que ocurría en el juzgado. Eran antecedentes de los actuales Secretarios Judiciales o Letrados de la Administración de Justicia. 

La visibilidad pública del ejercicio de la justicia por parte de estos oficiales quedaba manifiesta en el uso de la vara, como símbolo del poder jurisdiccional.

 

La normativa legislativa 

A nivel local, y por lo que se refiere a Archidona, durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII), cabe destacar la existencia de dos tipos de documentos normativos que garantizaban el orden y funcionamiento del Concejo: las Ordenanzas Municipales y los Autos de Buen Gobierno.

Las primeras ordenanzas se hallaban dispersas por las Actas Capitulares, llamados “Libros de hordenanças del Cabyldo”, en los que se recogían los acuerdos tomados en las reuniones del Concejo. Con el paso del tiempo, al aumentar el número de libros de cabildo, la consulta de cualquier ordenanza resultaba dificultosa: solían aparecer repetidas, contradictorias unas con otras e, incluso, obsoletas. Por estos motivos, el Concejo decidió poner orden en este caos legislativo y, en el año 1581, acordó compilar y actualizar estas diseminadas ordenanzas y, una vez organizadas, clasificadas y elaboradas, enviarlas al duque de Osuna para su confirmación. Se encargaría de la tarea una comisión integrada por el corregidor, un alcalde, un regidor y dos jurados, asesorados por vecinos del pueblo. Tal propósito quedó pendiente hasta que en el año 1596, dada la ineficacia de la comisión, asumió la responsabilidad de realizar la elaboración del texto normativo, el licenciado Melgar, asistido por los dos alcaldes ordinarios. Durante el año 1597, Melgar y sus ayudantes ordenan las antiguas ordenanzas, incorporan otras nuevas y redactan un nuevo texto. Para los primeros meses del año 1598, el documento, con una extensión de 203 páginas, está concluido. Todavía debieron pasar otros ocho años hasta ser confirmadas por el duque y su entrada en vigor, en el año 1606.

Ordenanzas de Archidona (1598).

Si largo fue el proceso recopilatorio -más de 25 años de comisiones, gestiones y dilaciones- más dilatada fue su vigencia, no siendo sustituidas hasta finales del siglo XIX.

Con el transcurso del tiempo, se hizo necesaria la revisión de algunas ordenanzas; así, durante el siglo XVIII, los corregidores y las autoridades locales emitieron unos bandos municipales, denominados Autos de Buen Gobierno, con el fin de regular la vida cotidiana, el orden público y las actividades económicas en la villa, así como para complementar los mandatos de las ordenanzas. La continua promulgación de estos bandos, más de una docena durante la centuria del setecientos, indica que su efectividad era limitada y que el incumplimiento de las normas municipales era habitual. Los autos de buen gobierno son, por tanto, una fuente fundamental para entender el derecho local moderno y las formas de vida de la población en la España del siglo XVIII.

 

Autos de Buen Gobierno (1696).

Junto a estos dos textos legislativos se utilizaban, al menos, tres libros registro relacionados con la administración de la justicia.

 

Uno, el llamado “legajo de Provisiones, en el que se recogían las disposiciones de carácter administrativo y legislativo emitidas por el monarca, el Consejo Real o el señor para el gobierno y administración de la villa y el ejercicio de la justicia. Dichas Provisiones o sus correspondientes traslados solían insertarse en los Libros de Actas, lo que dificultaba su localización en caso de necesitarlas, de ahí el propósito de compilarlas en un libro o legajo, que lamentablemente no se ha conservado.

 

En sendos libros o cuadernos se registraban las dos fases que acotaban los procesos judiciales. Por un lado, en el Libro de Denunciaciones se anotaban las denuncias realizadas tanto por particulares como por los oficiales de justicia, especificando: denunciante, denunciado, el tiempo, el modo y el lugar de los hechos delictivos. Por otro, en el Libro de Condenaciones se asentaban el reparto entre los beneficiarios de las penas pecuniarias impuestas en cada pleito, según lo establecido en las ordenanzas, y los respectivos recibís. 

Libro de Denunciaciones (1580).

 

Cuaderno de Condenaciones (1637).

 

Entre la denuncia y la condena se desarrollaba el proceso, que también generaba una documentación única y separada. Desgraciadamente estas interesantísimas piezas documentales solo suelen conservarse a partir del siglo XVIII, pues hasta esa fecha era frecuente su destrucción una vez cumplida la condena. Efectivamente, esto se debe al cambio histórico en la naturaleza de la justicia. La destrucción de estos expedientes respondía a la idea de que, una vez satisfecha la pena, la deuda del reo con la sociedad quedaba saldada y su honor "restaurado", por lo que se eliminaban los registros. En el Archivo Histórico Municipal se guardan numerosos pleitos que abarcan gran parte de la centuria del Ochocientos y que, pese a su sencillez, aportan interesantes datos sobre el procedimiento judicial en primera instancia.

Estas fuentes judiciales de ámbito local constituyen para la investigación histórica un manantial inagotable de datos sobre la conflictividad vecinal, la delincuencia menor o el control moral de la población.

El procedimiento judicial en primera instancia

El sistema judicial del Antiguo Régimen presentaba una notable fragmentación de jurisdicciones al convivir la justicia real, señorial, eclesiástica y militar, fruto de la existencia de una sociedad estamental y de privilegios y fueros personales y territoriales. La defensa a ultranza de estas parcelas de poder provocaba que los tribunales debatieran frecuentemente sobre qué autoridad era la legítima para instruir y fallar un proceso y, por consiguiente, originaba procedimientos diversos, frecuentes superposiciones y conflictos de competencias. Debido a esto, resulta difícil establecer un esquema de proceso judicial único. 

No obstante, la existencia de varios cuadernos de denuncias correspondientes a los primeros años del siglo XIX, anteriores a la abolición definitiva de los señoríos jurisdiccionales (1837), permite reconstruir el proceso judicial en primera instancia. 

Proceso judicial (1803).

            El esquema básico del proceso en primera instancia constaba de las siguientes fases:

El proceso se inicia con la presentación de la denuncia ante el corregidor de la villa, bien por un particular o por oficiales de justicia, y el escribano inicia la redacción del acta.

 

A continuación, el denunciante se identifica y realiza la denuncia del hecho para que, si es motivo de castigo, se penalice al culpable según las penas de las Ordenanzas.

 

Admitida la demanda por el juez se inicia la fase siguiente y, si lo cree necesario, manda al alguacil del juzgado que llame al demandado que hace declaración aceptando, negando o matizando los hechos y presenta testigos o pruebas para su defensa. Si de los testimonios se deduce la existencia de indicios de haberse cometido actos punibles, el juez puede decretar auto de prisión, que suele ejecutar el alguacil, poniendo al reo bajo custodia en la cárcel pública. 

Seguidamente, se pasa a la fase de prueba, normalmente testifical y pericial. El juez toma declaración bajo juramento, “a Dios y a una Cruz”, a los testigos sobre los hechos denunciados. Dicho testimonio es trasladado por el alguacil al acusado. A veces, el juez solicita el concurso de un perito para tasar los daños.

A continuación, el juez, en vista de las diligencias anteriores, acepta la demanda y la deja vista para sentencia, y ordena al escribano comunique a denunciante y denunciado los autos precedentes para que hagan alegaciones en cierto plazo.

Por último, dicta el auto definitivo de sentencia: “devo condenar y condeno” a las penas contenidas en la normativa aplicada, repartidas en tercias partes entre juez, denunciador y otro beneficiario que suele variar según el delito, además de pagar las costas procesales, concluyendo con el apercibimiento al infractor de que no reincida, pues será penado con mayor rigor. Para el pago de la condenación, tasación de daños y costas procesales, el escribano despacha la correspondiente cédula para conocimiento, aceptación por parte del condenado, que depositará en manos del escribano el importe de la condena, que distribuirá, según lo establecido por la normativa, entre los beneficiarios.

Con la sentencia condenatoria/absolutoria o estimatoria/desestimatoria concluye el proceso en primera instancia. Aunque no era infrecuente que esta se recurriese ante instancias superiores, dando lugar a una segunda fase procesal, lo que complicaba y prolongaba más el litigio y aumentaba considerablemente el coste. Cualquier vasallo, que se sintiese agraviado o descontento con la sentencia dictada por los jueces del señor, podía apelar en segunda instancia ante la Audiencia señorial y en tercera instancia ante los tribunales del rey, específicamente las reales Chancillerías (como la de Granada) y el Consejo Real, máximo tribunal de justicia.

Consideraciones finales. La documentación judicial y los archivos municipales

Hasta mediado el siglo XIX, la documentación judicial no conformaba en los archivos municipales un fondo separado; se puede encontrar dispersa por diversas secciones: actas capitulares, protocolos notariales, expedientes civiles y criminales, expedientes administrativos, ejecutorias de hidalguía, elecciones concejiles, cárcel pública, guardas, denuncias, multas, autos, pleitos, etc.

En el caso de Archidona, para completar la información del AHMA habría que recurrir, entre otros archivos, la consulta de los fondos conservados en Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo) referidos a la Casa de Osuna, al Archivo Histórico Nacional, sección Consejos y a la Real Chancillería de Granada. 

Según el profesor Iglesias Rodríguez, el estudio de la documentación judicial conservada en los archivos municipales permite, entre otras cosas:

Comprobar el funcionamiento de la justicia durante el Antiguo Régimen: jurisdicciones, actores, procedimientos, etc.

 

Analizar el universo del conflicto y el delito, establecer tipologías, tendencias, mecanismos de resolución.

 

Establecer relaciones entre los discursos normativos y las prácticas en el ámbito de la justicia.

 

Penetrar en el universo de la vida cotidiana del Antiguo Régimen: la regulación del poder, las prácticas comunitarias, transgresiones, resistencias, ámbitos de sociabilidad, vida material, etc. 

En suma, todo un apasionante mundo por descubrir. 

 

Bibliografía

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